Fundamento y origen histórico: el Impuesto sobre Lanzas y Media Annata

Vamos ahora a tratar de una cuestión relevante y, al mismo tiempo, como veremos, polémica.Se trata de la fiscalidad de los títulos nobiliarios, a la que dedicaremos varias entradas de nuestro blog. Comenzaremos con aspectos introductorios y de origen histórico.

En cualquier época es una constante que los estados instituyan sistemas tributarios para la captación de recursos con los que sufragar los gastos públicos. Esos sistemas están integrados por impuestos y otros tributos y figuras no tributarias, que gravan la riqueza de los sujetos pasivos del sistema de diversos modos, ya sea a través de los rendimientos de su trabajo, de su capital, explotaciones económicas, operaciones mercantiles, acrecimientos hereditarios, etc…

Los títulos nobiliarios no han sido ajenos a esta realidad y, tradicionalmente, han estado sujetos a diversas imposiciones fiscales, desde que el Estado vio en ellos una fuente de incremento de la recaudación tributaria.

Gaspar de Guzmán y Pimentel, conocido como el Conde Duque de Olivares, asumió las riendas de la Monarquía Universal Hispánica entre 1622 y 1643La fiscalidad sobre las Grandezas y Títulos surgió en España a fines del primer tercio del siglo XVII. En 1621 finalizó la tregua concertada doce años antes con las Provincias Unidas, que supuso la reanudación de las hostilidades en los Países Bajos. Al año siguiente, la ascensión del Conde-Duque de Olivares terminó por invertir la política de neutralidad que había inspirado la mayor parte del reinado de Felipe III. Bajo las riendas de Olivares, España intensificó sus esfuerzos en la Guerra de los Treinta Años y lucharía ininterrumpidamente en los campos de batalla de Europa hasta la Paz de los Pirineos de 1659. En estos años también tuvo lugar la extinción de las vetas de plata de Potosí, hacia 1650, con sus consecuencias para la tesorería estatal.

Es en este período concreto, en que las costosas guerras de la Monarquía Universal Hispánica sangraban la Hacienda Pública, cuando una Real Cédula de Felipe IV de 18 de agosto de 1631, completada por una posterior de 10 de diciembre de 1632, establecieron el primer gravamen sobre las dignidades nobiliarias: el Impuesto sobre Lanzas y Media Annata.

Una lanza estaba constituida por cinco hombres de armas equipados y remunerados para servir en campaña. El servicio de lanzas era una antigua prestación de carácter personal que recaía sobre los grandes señores, entre los que los que se contaban los Grandes y Títulos, consistente en suministrar a la Corona soldados pertrechados para la guerra. Felipe IV transformó esta prestación en patrimonial, otorgándole una periodicidad anual. La cuantía se establecía en función de las rentas de los obligados y de su rango, siendo superior para las Grandezas y con jerarquía entre los Títulos. Al ser periódico y anual, este tributo conoció de una excepcional fórmula de rescate denominada redención. Consistía la misma en el pago de una cantidad alzada muy superior a la anualidad, que una vez satisfecha extinguía la obligación tributaria.

Por su parte, la Media Annata era un tributo que gravaba la posesión de empleos retribuidos, mercedes y gracias, ya fueren seglares o eclesiásticos. Se devengaba una única vez, al entrar el sujeto pasivo en posesión del empleo o merced, y su cuantía era equivalente a la mitad de la retribución o renta anual percibida por el desempeño del mismo. En el caso de títulos nobiliarios y de Grandezas de España, al no existir una remuneración por la posesión de las mismas, a diferencia de los empleos, fueron fijados unos baremos en base a un criterio jerárquico entre dignidades. Así, una Real Cédula de Felipe IV de 15 de octubre de 1631, cuantificó en setecientos cincuenta ducados la Media Annata para un título de Vizconde y en mil quinientos la de uno de Conde o de Marqués.

Los reinados posteriores al de Felipe IV (1621-1665), estuvieron igualmente jalonados por continuos y onerosos conflictos bélicos que consumían ingentes cantidades de recursos económicos, por lo que estos tributos continuaron aplicándose rigurosamente. Con el advenimiento de los Borbones, la situación se mantuvo. La Guerra de Sucesión y las sostenidas en Italia por Felipe V, continuaban detrayendo enormes sumas de las cuentas públicas. Al calor de esa situación, una Real Cédula de Felipe V de 1727 dispuso la prohibición de entrar en posesión de cualquier Grandeza o Titulo que no hubiese satisfecho la Media Annata. De esta manera, se vedaba jurídicamente la percepción de las rentas producidas por estos mayorazgos, como un medio más de asegurar el cobro del tributo.

El mayor grado de compulsión sobre los sujetos pasivos tuvo lugar durante el reinado de Carlos III (1759-1788), en el que los gastos militares derivados de las diferentes contiendas se dispararon y provocaron una gran inflación, llegando al punto de fijar garantías reales para forzar el pago del tributo. Efectivamente, una Circular del Consejo de la Cámara de Castilla de 31 de agosto de 1787, estableció la obligación, a falta de pago de estos tributos, de la consignación de algún inmueble del mayorazgo vinculado a la Grandeza o Título que fuere.

Conviene señalar que, en la práctica, fue muy común el recurso a una figura denominada juro. Siendo estos tributos de cuantías generalmente muy elevadas, a menudo ocasionaban a los obligados a satisfacerlos verdaderos problemas de liquidez. Para solventarlos, la Hacienda Pública ofrecía la posibilidad de pago mediante la consignación de juros. Esencialmente, el juro era un instrumento de deuda pública, que el obligado tributario estaba obligado a suscribir por el importe de la cuota del impuesto. Se extendía en una escritura en papel con el timbre de la Corona, que desde 1640 se impuso como obligatorio para documentar todos los actos jurídicos y se depositaba ante la Hacienda Pública, autorizando a la misma a percibir los intereses anuales del juro y aplicarlos al tributo.

Nuestro despacho se encuentra especializado en la fiscalidad de los títulos nobiliarios.

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