Seguimos con otra entrada de nuestro blog dedicada a los aspectos procesales referentes a la tramitación de títulos nobiliarios.

Recurso de casación.

Regulación.– artículos 477 a 489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Resoluciones recurribles.– las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, cuando concurran los motivos previstos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Motivos del recurso.– este recurso habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del recurso. Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales serán recurribles en casación en los siguientes casos:

– Cuando las sentencias antedichas se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, salvo los reconocidos por el artículo 24 de la Constitución.
– Cuando la cuantía del asunto excediere de seiscientos mil euros.
– Cuando sin exceder de seiscientos mil euros, o el proceso se haya tramitado por razón de la materia, la resolución del recurso presente interés casacional.

De acuerdo con el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de entenderse que existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a jurisprudencia del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista doctrina jurisprudencial contradictoria de las Audiencias Provinciales, o aplique normas que no lleven en vigor más de cinco años. En este último caso, se exige que no exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

A la vista de estos motivos, la sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial, relativa a una sentencia de un Juzgado de Primera Instancia que culminó un proceso declarativo sobre títulos nobiliarios, presenta, en principio, pocas posibilidades de ser recurrida en casación. Los títulos nobiliarios, en tanto que derechos honoríficos, no gozan de la consideración de derechos fundamentales. Tampoco se trata de asuntos con cuantía, por lo que este motivo nunca podría ser invocado para la impugnación. Y, en el último supuesto, cuando el proceso se tramita por razón de la materia, como sucede siempre en el caso de los títulos nobiliarios, es imperativa la concurrencia de interés casacional. Por tanto, es este interés casacional lo que determina, en definitiva, las posibilidades de interposición de un recurso de casación en materia nobiliaria.

El restablecimiento de la legalidad anterior a la Segunda República respecto de los títulos nobiliarios que aprobó la Ley de 4 de mayo de 1948, así como la promulgación de la Constitución Española, generaron un incremento de la litigiosidad en materia nobiliaria, que dio lugar a que muchas sentencias fuesen recurridas en casación. El Tribunal Supremo no tenía o tenía una doctrina muy escasa o contradictoria en aspectos fundamentales del Derecho nobiliario tales como la posesión civilísima, la prescripción adquisitiva, el derecho de propincuidad, y otras instituciones. Pero, sobre todo, el régimen de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 relativo al recurso de casación era mucho más flexible que el de la actualmente vigente. En su redacción original, el artículo 1687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que se mantuvo en vigor hasta el 31 de agosto de 1984, se limitaba a atribuir a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el conocimiento de los recursos de casación por infracción de ley o doctrina legal. A partir de entonces, tras las sucesivas reformas operadas por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, este artículo 1687 continuó, con sus diversas redacciones, sin incluir el requisito del interés casacional.

Hoy día, el Tribunal Supremo ya tiene elaborada una doctrina más sólida, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, en muchas instituciones de Derecho nobiliario sobre las que años atrás no se había pronunciado, o lo había hecho de modo vacilante. A los efectos de lo establecido en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 200 acerca del interés casacional, en la actualidad es mucho más difícil encontrar instituciones nobiliarias sobre las que el Tribunal Supremo no se haya pronunciado, o la doctrina existente sea contradictoria. Por las mismas razones, tampoco existe mucho margen para que la jurisprudencia no coincidente proceda de las Audiencias Provinciales. Y, desde luego, dada la longevidad que suele caracterizar a la inmensa mayoría de las normas de Derecho nobiliario, el supuesto de aplicación de normas jurídicas que no lleven más de cinco años en vigor, resulta virtualmente imposible de darse en la práctica. Un ejemplo de esto último, no obstante, lo constituye la Ley 33/2006, de 30 de octubre, de Igualdad del Hombre y la Mujer en la Sucesión de los Títulos Nobiliarios, por su todavía corta vigencia y por tratarse de una norma sin precedentes, fundamento, sentido, y totalmente opuesta a los usos y normas nobiliarias de España.

Por tanto, las posibilidades de interposición válida de un recurso de casación en materia nobiliaria se han reducido en la actualidad drásticamente, con respecto al régimen de la Ley de 1881.

Órgano competente para resolver el recurso.– la Sala Primera del Tribunal Supremo.

En materia nobiliaria, no cabe la competencia de las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, pues ésta únicamente tiene lugar contra las resoluciones de los tribunales civiles de la misma Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde exclusivamente o, junto a otros motivos, en infracción de normas del Derecho foral propio de la Comunidad Autónoma de que se trate. Además, se exige a mayores que el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto tal atribución a favor de su Tribunal Superior de Justicia.

 La casación es una de las más complejas obras del pensamiento jurídico

Procedimiento.– el recurso se interpondrá dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se tenga por preparado, ante el tribunal que hubiere dictado la resolución que se recurre, mediante escrito que de razón de los fundamentos del recurso y, según proceda, de los razonamientos acerca del interés casacional, de la inexistencia o contradicción de la jurisprudencia y de la vigencia temporal de la norma. Habrán de aportarse las sentencias aducidas como razón del interés casacional, además de certificación de la sentencia impugnada. En este escrito también podrá solicitarse la celebración de vista. Si este plazo transcurre sin haber interposición, el recurso se declarará desierto y se impondrán al recurrente las costas causadas, de haberlas.

Presentado el escrito de interposición, en el plazo de los cinco días siguientes, el tribunal remitirá todos los autos originales al tribunal competente para conocer del recurso de casación, en nuestro caso, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La remisión se efectuará aunque no se haya aportado todavía la certificación de la sentencia recurrida, así como aquellas que justifiquen el interés casacional. La negativa a expedirlas será corregida disciplinariamente y, caso de ser necesario, la Sala Primera las reclamará del tribunal o tribunales que deban librarlas.

Una vez que los autos se reciban en el tribunal, las actuaciones pasarán al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala la resolución acerca de la admisión o inadmisión del recurso de casación. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad, la Sala examinará su competencia para conocer del recurso. Caso de no considerarse competente, acordará, oídas las partes por plazo de diez días, la remisión de los autos y el emplazamiento de las partes para su comparecencia ante la Sala competente en el término de diez días. Esta consideración de incompetencia no cabe en materia nobiliaria, puesto que la competencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sólo puede ser declinada a favor de las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, y ello únicamente procede en los supuestos de que los recursos se funden en infracciones de normas del Derecho foral de las Comunidades Autónomas, lo que resulta imposible en cuestiones de Derecho nobiliario.

La inadmisión del recurso de casación sólo procederá:

– Cuando a pesar de haberse tenido por preparado el recurso, éste fuere improcedente, por no ser la sentencia susceptible de recurso, o por cualquier defecto formal no subsanado en que se hubiere incurrido durante la preparación.

– Cuando el escrito de interposición no cumpliese los requisitos establecidos para los distintos motivos.

– Cuando no exista interés casacional por inexistencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria, o si la norma que se entiende vulnerada lleva vigente más de cinco años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.

Antes de resolver, la Sala dictará una providencia poniendo de manifiesto la eventual causa de inadmisión del recurso a las partes, a fin de que formulen las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días. Después, si la Sala entiende que existe motivo de inadmisión, dictará un auto declarando la inadmisión del recurso y, al mismo tiempo, la firmeza de la resolución recurrida. Si la inadmisión afecta solamente a alguna de las infracciones alegadas, se resolverá igualmente mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie. Contra el auto que resuelva acerca de la admisión del recurso de casación, no cabe recurso alguno.

Ya admitido el recurso, se dará traslado a la parte o partes recurridas del escrito de interposición y documentos que lo acompañen, para que formulen oposición por escrito en el plazo de veinte días y se manifiesten sobre la procedencia o no de la celebración de la vista.

Transcurrido este plazo, haya habido o no oposición, la Sala señalará a través de una providencia, dentro de los treinta días siguientes, día y hora para la celebración de vista, o, en su caso, para la votación y fallo del recurso. En todo caso, la vista tendrá lugar si así lo solicitan todas las partes.

Resolución y efectos.– dentro de los veinte días siguientes al de finalización de la vista, o al señalado para la votación y fallo, la Sala dictará sentencia sobre el recurso de casación.

En los casos en los que el recurso no se funde en interés casacional, la sentencia que ponga fin al recurso confirmará o casará, en todo o en parte, la sentencia recurrida. Cuando el recurso se haya fundado en el motivo de interés casacional, si la sentencia estima fundado el recurso, casará la resolución recurrida y resolverá sobre el asunto, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiere producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción jurisprudencia. En cualquier caso, los pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación no afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias diferentes de la recurrida que se hubieren invocado.

Nuestro despacho se encuentra especializado en la tramitación de títulos nobiliarios.

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